“De los efectos de la LOTTT no se salva ni la gobernación de Mérida”

Luis Loaiza Rincón

Presidente de la APULA

Es característico de los gobiernos irresponsables ampliar derechos sin la necesaria previsión presupuestaria que los haga realmente efectivos. Por ese camino, tal ampliación queda en letra muerta y en lugar de resolverse un problema, se crean muchos otros. No se trata, por tanto, de no ampliar el disfrute de los derechos, sino de actuar con responsabilidad previendo el impacto económico que ello genera. Esta es precisamente la historia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) y de cómo ha impactado a la administración pública en general y a las universidades en particular.

No es ningún secreto que en la administración pública, la población laboral tercerizada, contratada y en condición de eventualidad, es grande. De esa realidad no escapan ni el Tribunal Supremo de Justicia que tiene en su nómina a una gran cantidad de contratados, ni las universidades, ni las gobernaciones, como las del Estado Mérida que, sobre todo en las áreas de salud y educación, tienen una gran cantidad de trabajadores contratados sin que la propia gobernación cuente con los recursos ordinarios para resolver tal situación. Allí, como en la universidad, en cualquier momento, también estallarán los reclamos. En otras palabras, de los efectos de la LOTTT no se salva ni la gobernación de Mérida.